En los últimos años, se han forjado importantes transformaciones en el orden jurídico
nacional que han consolidado el compromiso del Estado mexicano en la protección
de los derechos humanos, una de ellas fue la reforma constitucional del 18 de junio
de 2008, mediante la cual se transitó de un sistema de justicia penal inquisitivo
a uno acusatorio oral para toda la Federación, un nuevo paradigma sustentado en
normas garantistas que fortalecen el Estado de Derecho.
Para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, el Constituyente Permanente
concedió un plazo de ocho años a fin de que las entidades federativas y la Federación
realizaran las modificaciones legislativas y de infraestructura necesarias para
operar el nuevo modelo de justicia penal. Hasta ahora, dieciséis Estados han emitido
la declaratoria en la que señalan su incorporación al sistema procesal penal acusatorio
por lo que han ajustado su marco legal y aún continúan en su proceso de implementación;
la tarea no ha sido fácil.
Cabe referir que recientemente, con objeto de agilizar esta transición, el 8 de
octubre de 2013 se reformó nuestra Ley Fundamental para otorgar al Congreso de la
Unión la facultad para legislar en materia procesal penal unificada para toda la
República, la que entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016, fecha en
la que vence el plazo dispuesto en 2008.
En este sentido, el Tribunal Constitucional de México, como garante de la constitucionalidad
y promotor de la cultura jurídica y de la legalidad, con el propósito de contribuir
al conocimiento de este nuevo sistema; ha realizado diversas acciones, entre ellas,
la recopilación y sistematización de la información jurídica contenida en los acervos
documentales a su cargo, relativa a esta asignatura, disponible para su consulta
desde la página Web de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante este programa se podrá acceder fácilmente a las resoluciones emitidas por
este Alto Tribunal y los Tribunales Colegiados de Circuito, la normativa federal
y local relacionada, a la bibliohemerografía nacional y extranjera, cuadros comparativos
sobre los temas de especial interés, como los derechos de las partes en el proceso,
la actuación de las autoridades, los mecanismos para la terminación anticipada del
proceso y el desarrollo de las etapas en las que se divide el nuevo sistema, éstos
últimos con base en el propio marco legal; todo ello en un solo espacio y que se
mantendrá permanentemente actualizado.
Es así como este Tribunal Constitucional a fin de ofrecer a los operadores jurídicos
y a la sociedad en su conjunto fuentes de información confiables y oportunas en
una materia que demanda adentrarnos a las novedades y particularidades que la han
reconfigurado y que ha de seguir avanzando, promueve el conocimiento de la información
jurídica especializada contenida en sus acervos documentales, al servicio de todas
y todos.
Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal